La actual política en materia de cannabis, en España como en otros países. es un fracaso en virtud de los objetivos declarados: disminución de la oferta y de la demanda. Esta política, en gran medida, está sirviendo para sancionar a una parte importante de los consumidores, sobre todo a los más jóvenes y a las personas más vulnerables.
El cannabis y sus derivados, no van a desaparecer y es previsible que van a seguir estando entre nosotros. Es fundamental aprender a convivir con este tipo de sustancias de una manera racional.
En los últimos años se aprecian cambios significativos respecto a la sustancia y las personas consumidoras: aumento de los consumos, proliferación de información (revistas, tiendas Grow Shop, internet,…,) para su cultivo, extensión de espacios tolerantes con el consumo y debate sobre su uso terapéutico. Todo ello contribuye a una percepción diferente de la sustancia y de las personas que la consumen y a la necesidad de profundizar en un debate social sobre estas cuestiones, en clave de normalización, coherente con los principios de un Estado social y democrático de Derecho.
Un nuevo discurso sobre las políticas en materia de cannabis, respetuoso con los derechos y libertades de las personas, surge del análisis de la situación actual y debe tener en cuenta a las personas (edades, circunstancias vivenciales y emocionales, consumos,…) y a su contexto social. Un discurso alternativo al actualmente dominante sobre el cannabis se fundamenta en una información objetiva y en la búsqueda de nuevas estrategias de comunicación capaces de agrupar a sectores diferentes (usuarios, profesionales, instituciones). Es importante transmitir una información verídica y clara acerca de la sustancia, las personas consumidoras, los tipos de consumos y los contextos donde se llevan a cabo los mismos. Se debe dar una información con credibilidad acompañada de racionalidad.
La creación de un nuevo lenguaje consensuado que ayude a modificar la percepción social de la sustancia y de las personas consumidoras, sin estigmatizarlas, reconociendo sus derechos y responsabilidades, es uno de los pilares fundamentales para una política normalizadora respecto al cannabis y sus derivados.
En este contexto, es primordial consensuar un documento de mínimos capaz de agrupar a personas, asociaciones, movimientos sociales, profesionales e instituciones que aboguen por políticas normalizadoras relativas al cannabis y sus derivados
La creación de un nuevo lenguaje consensuado que ayude a modificar la percepción social de la sustancia y de las personas consumidoras, sin estigmatizarlas, reconociendo sus derechos y responsabilidades, es uno de los pilares fundamentales para una política normalizadora respecto al cannabis y sus derivados.
En este contexto, es primordial consensuar un documento de mínimos capaz de agrupar a personas, asociaciones, movimientos sociales, profesionales e instituciones que aboguen por políticas normalizadoras relativas al cannabis y sus derivados
DOCUMENTO DE MÍNIMOS (Borrador) Oñati 22/10/04
Una política normalizadora en materia de cannabis no va resolver todos los problemas relacionados con el cannabis, pero sí puede sentar las bases para que las cuestiones preventivas, sociales, educativas, sanitarias y de reducción de riesgos primen sobre las sancionadoras.
Principios para un documento de mínimos: Respeto de los derechos de las personas consumidoras y no consumidoras, no promoción de los consumos y protección de los colectivos más débiles y vulnerables.
- Profundizar en una política normalizadora respecto al cannabis y sus derivados, lejos de promover la inocuidad y la promoción de este tipo de sustancias, supone un importante acicate para la desaparición de los efectos secundarios de la actual política prohibicionista (adulteración, control social a las personas consumidoras, corrupción, el denominado blanqueo de dinero proveniente del tráfico ilícito,…) y para potenciar una actitud responsable ante el cannabis (que abarca desde el no uso hasta un uso responsable, entendido éste como una asunción las consecuencias de ese uso, es decir, asumir los efectos sobre su salud y sobre las secuelas que pudiera dejar en su entorno).
- La política prohibicionista no puede ser un impedimento para el uso terapéutico del cannabis y sus derivados. En necesario eliminar cualquier tipo de impedimento, de cualquier tipo, que pudiera obstaculizar la profundización en los usos terapéuticos del cannabis y sus derivados. Estas sustancias deben ser investigadas como cualquier otra y deben de seguir el mismo proceso que otras sustancias, regulado en la ley del medicamento, para contrastar su capacidad terapéutica. Hasta la conclusión de ese proceso, es necesario legislar para dar respuesta a las demandas planteadas desde diversos colectivos de enfermos crónicos respecto al uso terapéutico del cannabis.
- El consumo y la tenencia para el consumo de cannabis no deben estar sancionados, siempre y cuando lo realicen personas mayores de edad. De igual modo, el cultivo para autoconsumo debería estar regulado para poder proteger la facultad de consumir de las personas adultas.
- Optar por una política normalizadora en materia de cannabis no es sinónimo de promoción de las sustancias ni de ausencia de regulación. Se trata de crear un debate social para crear un consenso capaz de modificar los criterios actualmente predominantes por otros más coherentes con el Estado social y democrático de Derecho.
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